TRABAJO Y EDUCACIÒN EN CONTEXTOS DE ENCIERRO. Derechos de los Internos. Tratamiento Multipluridisciplinario en un todo con la Manda Constitucional y legal en orden al imprescindible abordaje con vistas a la resocializaciòn.

Las SEXTAS JORNADAS -NACIONALES E INTERNACIONALES- 

DEL ENCUENTRO NACIONAL DE JUECES DE EJECUCIÒN PENAL 

DE LA REPÙBLICA ARGENTINA, 

SE EXPIDIERON CATEGÒRICAS SUBRRAYANDO COMO DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL INTERNO LOS DE TRABAJAR Y ESTUDIAR, 

POSIBILIDADES QUE INEXORABLEMENTE DEBEN SERLE OFRECIDAS CONCRETAMENTE Y COMO INDISOLUBLES ASPECTOS DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO PLURIMULTIDISCIPLINARIO 

Y CON VISTAS AL LOGRO DE ESTANDARES ACEPTABLES 

DE RESOCIALIZACIÒN. 

Aquì, y precisando notas anteriores donde se transcriben ìntegras, 

puntualmente: las Conclusiones de las Comisiones Cinco y Seis que abordaron tales Temàticas.


Tambièn, desde la pàgina amiga del 
Centro de Estudios de Ejecuciòn Penal
 www.cep-uba.blogspot.com
 (Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires) 
Ingresà  al Proyecto de Ley recientemente presentado ante 
el Hble. Congreso Nacional, postulando modificar el Capitulo VIII de la Ley 24.660, Arts. 133 a 142, reafirmando sobremanera el derecho y el deber de los internos a Estudiar y proponiendo especificos y puntuales mecanismos programàticos al respecto. 
Ver en Link : http://es.scribd.com/doc/59546854/CD-17-11-1

Comisión N° 5 . Trabajo en la Cárcel.

 1. Entender el trabajo en la cárcel ya no como un pilar exclusivamente del

tratamiento penitenciario sino como un derecho pleno del interno que no puede

ser afectado por la condena o por la ley. Ello impone no solo reconocer los

estándares constitucionales y legales del trabajo en condiciones de igualdad

con la vida en libertad (Remuneración, prestaciones de la seguridad social,

carga horaria, etc.) sino también que el trabajo debe ser individualizado y

programado para la inclusión laboral de la persona una vez que recupere su

libertad.

 2. Insistir con la conclusión 4.2 definida en el IV Encuentro de Jueces de

Ejecución en el sentido que la remuneración del interno nunca puede ser

inferior al salario mínimo vital y móvil como cualquier trabajador en libertad.

 3. Reconocer la satisfacción –y sugerir su proyección a todas las jurisdicciones con

las medidas adoptadas desde el Ministerio de Trabajo de la Nación a fin de

que un sinnúmero de acciones directas (Seguro de Capacitación y Empleo,

Programa de Inclusión Laboral, Mesa de Genero Interministerial, etc.) sean

dirigidas a las personas privadas de su libertad, entendida como población

especialmente vulnerable.

 4. En idéntico sentido, reconocer la satisfacción por la interacción y activa

participación de dicha cartera con el Ministerio de Justicia de la Nación, de la

cual depende la administración penitenciaria, a fin de propender a que la

política pública de inclusión laboral de una persona privada de su libertad sea

pensada y ejecutada en sintonía con aquella definida para cualquier ciudadano.

 5. Recomendar a las distintas jurisdicciones que se promuevan las medidas

tendientes a que se activen desde el Estado incentivos y convenios con

empresas privadas para que se garanticen cupos laborales a las personas

privadas de su libertad, tanto cuando estas se encuentran en el medio libre,

como durante el curso de la ejecución de su pena privativa de la libertad.

 6. Instar a todos los actores de la Ejecución Penal para que adopten, articulen o

promuevan toda medida tendiente a la inclusión laboral de las personas

privadas de libertad

 Comisión N° 6 . Educación en la Cárcel

 1. Propiciar la creación de herramientas efectivas que garanticen el acceso sin

restricciones a la educación.

 2. Proponer que las actividades educativas que se desarrollan intramuros, sean

coordinadas por docentes civiles del medio libre que no dependan de ningún

modo de la autoridad penitenciaria.

 3. Que las personas privadas de la libertad que accedan a las salidas transitorias

del período de prueba y que se encuentren cursando sus estudios intramuros,

continúen con los mismos de modo pleno, en el medio libre bajo el instituto de

semilibertad.

 4. Que los educadores del sistema público que dicten cursos en los lugares de

encierro intervengan con voz y voto en las recomendaciones colegiadas que

las autoridades penitenciarias elevan a la autoridad judicial, respecto de las

calificaciones, alojamiento, progresividad del régimen penitenciario,

actualizaciones de los programas de tratamiento, salidas transitorias, libertad

condicional y/o asistida, y toda otra solicitud emanada de aquella instancia

relacionada con la situación de internos que desarrollen actividades educativas.

DESMILITARIZACIÒN DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS.CONCLUSIONES DE LAS SEXTAS JORNADAS NACIONALES DEL ENCUENTRO NACIONAL DE JUECES DE EJECUCIÒN PENAL.

Comisión N°4 . Desmilitarización de los Servicios Penitenciarios.

 1. Constituir una comisión de estudio tendiente a elaborar los proyectos de ley

necesarios para democratizar la estructura orgánica del Servicio Penitenciario

Federal y de los Servicios Penitenciarios Provinciales militarizados por normas

de facto actualmente vigentes.

Encomendar a esa comisión el estudio de los proyectos de ley que actualmente

son considerados por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de

Diputados de la Nación y la promover su participación en las reuniones de

trabajo que se lleven a cabo en dicho ámbito.

 2. Dirigirse al Procurador Penitenciario de la Nación, solicitando tenga a bien

considerar la conveniencia de presentar nuevamente a consideración del

Congreso de la Nación el proyecto de Ley elaborado por la APDH de reforma

de la ley de facto orgánica del SPF, que mereciera dictamen favorable de la

comisión de legislación penal y que, actualmente, ha perdido estado

parlamentario.

 3. Dirigirse a las autoridades con competencia penitenciaria de la Nación y de las

Provincias para instarlas a dar acabado cumplimiento a las disposiciones de los

artículos 202 y 203 de la ley 24660, relativos a la capacitación universitaria con

la que deben contar las autoridades de los establecimientos penitenciarios y

sus áreas de tratamiento, y a la implementación de los concursos a través de

los cuales se accederá a esas funciones.

 4. Dirigirse al Sr. Secretario de Justicia de la Nación instándolo a disponer lo

necesario para que cese la defensa institucional encomendada a los Dres.

Graciela Del Pato y Pedro Joaquín Retamal, quienes constituyeron domicilio en

Paso 550 de esta ciudad – sede de la Dirección General de Administración

Del Servicio Penitenciario Federal -, de los imputados Néstor Iñiguez y Maximiliano

Barresi en la causa Nº 2994/2008 que actualmente se les sigue por el delito de

apremios ilegales por ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Capital

Federal, que implica la vulneración del compromiso de investigación pronta e

imparcial de la tortura asumido por la Nación Argentina en virtud del articulo 12

de la Convención contra la Tortura.

 5. Dirigirse a las autoridades nacionales y provinciales con competencia en el

área de las instituciones penitenciarias, instándolas a transferir a otras áreas

específicas de la administración pública al personal profesional de aquellas –

mediante comisiones de servicio, adscripciones o las modalidades que se

estimen pertinentes- a fin de que continúen prestando sus funciones relativas al

tratamiento penitenciario, asistencia clínica y prevención de la tortura, (en estos

dos últimos, médicos y psicólogos) sin dependencia jerárquica del personal a

cargo de la seguridad de los establecimientos.

 6. Dirigirse a las autoridades con competencia penitenciaria de la Nación y de las

Provincias instándolas a disponer que la investigación de hechos de torturas o

vejaciones como las documentadas por un video efectuado en la penitenciaria

de la provincia de Mendoza durante el año 2010

(http://www.youtube.com/watch?v=sK-1BUVkMmA) que se conociera el año

pasado, sean investigados por comisiones o autoridades imparciales ajenas a

la estructura penitenciaria y con la prontitud que el caso amerita. Asimismo,

solicitar a las autoridades competentes la pronta aprobación del mecanismo

nacional de prevención adecuado a la estructura federal del país, al que se

comprometiera a poner en funcionamiento la Nación Argentina mediante el

protocolo facultativo de la convención contra la tortura.